Un cambio normativo persigue al cánido, pero no considera sancionar a las explotaciones que no disponen de medidas de protección

El Gobierno francés ha aumentado el cupo anual de caza de lobos. La excusa ha vuelto a ser, una vez más, los supuestos ataques a la ganadería y la defensa de la economía. Según los datos aportados por el Ejecutivo, la cifra de ataques ha aumentado alrededor del 10% (4441) y el número de muertes ha crecido un 15’1% (12927 animales, la mayoría ovejas). Se estima que Francia cuenta con tan solo algo más de un millar de lobos en todo su territorio.

La medida, que el Gobierno de Francia asegura que está en sintonía con la rebaja de la protección del lobo en la Unión Europea, aumenta el número máximo de lobos que pueden abatirse anualmente. Si antes era el 19% de la población, ahora es el 21%, esto es, se pasa de 192 a 227 lobos. Además, el límite podrá elevarse al 23% (248 individuos) si se considera que la presión de depredación es alta.

También se permitirá a los ganaderos disparar a modo de «defensa» de los animales, cuenten o no con otras medidas de protección. La norma incluso premiará a las granjas que no dispongan de protección previa: cuando se estime que ha habido «daños graves», se podrán incluso organizar batidas para proteger este tipo de explotaciones, excepto durante el período de cría, entre el 15 de abril y el 15 de junio.

La presión continúa en España

Siete comunidades autónomas españolas buscan el respaldo de la Unión Europea en su persecución al lobo. Se trata de Cantabria, País Vasco, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y León. En algunas de ellas, como La Rioja y Madrid, la presencia del cánido es residual. Las siete autonomías han presentado una denuncia ante la Comisión Europea por presuntos incumplimientos del Gobierno de España en la legislación comunitaria sobre el lobo.

Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares, Ceuta y Melilla han mostrado su respaldo a las siete autonomías, contrarias a la protección del lobo.

Entre sus peticiones, solicitan que se convoque una conferencia sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo y que el Gobierno transfiera los fondos de la estrategia nacional de gestión del lobo a los ejecutivos autonómicos. Según las intenciones manifiestas de las comunidades demandantes, utilizarían estos fondos para impulsar planes de caza en lugar de medidas de protección del cánido.

Por otro lado, solicitan que el Gobierno remita el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie.

Respuesta

En respuesta a esto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha alegado que todavía no ha remitido el informe porque no hay «una base científica solvente, ya que en los últimos meses se han producido cambios sustanciales en la situación de las poblaciones de lobo, derivados tanto de la eliminación de ejemplares por parte de algunas comunidades autónomas como de las muertes y desplazamientos poblacionales provocados por los grandes incendios forestales«.

Estos factores alteran los datos de distribución y sobre el estado de conservación, y hacen necesaria una actualización rigurosa antes del envío del informe. Además, a principios de junio la Comisión Europea informó de que aceptaría pequeños retrasos en la remisión de estos documentos por parte de los estados, debido a las dificultades técnicas asociadas con un nuevo sistema de reporte. A esto se suma que la propia Comisión Europea aceptó en agosto una ampliación del plazo de entrega solicitada por España, en base al principio de prevención.

Alta mortalidad no natural

Los resultados del informe sexenal podrían arrojar datos preocupantes. En los últimos meses, se ha registrado una alta mortalidad no natural del lobo en zonas como Palencia, con 16 cánidos muertos, varios por disparos.

Más de un centenar de científicos pide que se mantenga a la especie en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) y que se fije en 500 el número de manadas que definen el umbral mínimo de conservación.

En comunidades como Extremadura y Cataluña, la especie ha vuelto a verse tras décadas desaparecida, y ahora las administraciones tienen en su mano actuar con responsabilidad para protegerlos en su territorio.