Pacma califica de «bochornosa» la decisión de la jueza
La jueza del Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida ha absuelto a once cazadores y una veterinaria tras matar a 41 galgos sanos por considerarlos «inútiles» para la caza. La Fiscalía había pedido una condena de tres años y nueve meses de prisión, más una multa de 4500 euros para la veterinaria; y 15 meses de cárcel por cada víctima para los propietarios de los perros.
La veterinaria acusada habría practicado la eutanasia a los animales a demanda de sus propietarios y de forma continuada, sin cumplir con los requerimientos para ello, como una enfermedad sin cura, problemas de conducta o sanitarios o una orden judicial, tal como señaló la Fiscalía. Sin embargo, la resolución judicial apunta a que ni la actuación de la veterinaria ni la de los cazadores que supuestamente querían deshacerse de los perros «quedan acreditados».
Diferentes entidades de protección animal ya han criticado la decisión de la jueza, que Pacma tilda de «bochornosa«.
Fue a finales de agosto del 2019 cuando el Seprona localizó el cuerpo de un galgo en el municipio de Ribera del Fresno, junto con un cuchillo y restos óseos. El animal, una perra de tres años llamada Borrasca que tenía microchip, era utilizada para la actividad cinegética. El propietario declaró que la perra no le servía para la caza y por ello la llevó a la veterinaria, quien le aplicó una inyección letal. Posteriormente, el cazador la enterró.
A raíz de este hallazgo, los agentes descubrieron que la veterinaria había dado de baja a un total de 166 perros entre 2017 y 2019, de los cuales 41, pertenecientes a los once cazadores acusados, podrían responder al mismo caso de Borrasca.
Supuestamente, la veterinaria cobraba alrededor de 15 euros por la eutanasia, a pesar de que el precio de esta práctica suele ser superior.
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