El Gobierno pretende castigar con penas más altas la irrupción en granjas y mataderos
Una nueva ley australiana sobre el allanamiento de morada impone penas más severas a quienes irrumpan de forma ilegal en granjas y mataderos. Los activistas del país han mostrado su preocupación, tanto por sus miembros como por los animales que se encuentran en esos lugares, y alertan de que el maltrato podría quedar indocumentado e impune.
Los activistas podrían enfrentarse a penas de hasta dos años de prisión, mientras que anteriormente eran de un año, y multas de 24000 dólares australianos.
La ley pretende proteger al sector ganadero y ya está en vigor. También se ha aprobado una nueva legislación en materia de bienestar animal, en la que se otorga a los funcionarios la labor de vigilar las granjas. Según los funcionarios, esta normativa acabará con la necesidad de los activistas de entrar en granjas y mataderos. «Los defensores de los animales ya no podrán utilizar la falta de transparencia en los mataderos y otras instalaciones de producción intensiva como motivo para sus acciones ilegales, y se enfrentarán a consecuencias mucho mayores si infringen la ley», en palabras del fiscal general John Quigley.
Sin embargo, las organizaciones de protección animal están preocupadas porque el maltrato pase desapercibido y la ciudadanía no tenga ningún acceso a imágenes de la realidad de la ganadería.
Las autoridades en Australia citan la bioseguridad como razón para penalizar con más severidad la irrupción de personas ajenas a granjas y mataderos en estos. Los activistas se defienden afirmando que estos lugares son, en sí mismos, un riesgo para la bioseguridad, con animales hacinados y medicados en exceso, falta de higiene, enfermedades y camiones que entran y salen a menudo.
Fuente: Plant Based News.
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