El ministro Pablo Bustinduy se ha reunido este lunes con representantes de varias organizaciones

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha comprometido a presentar la Ley de Grandes Simios, que acumula más de dos años de retraso, puesto que la Ley 7/2023 mandataba que debía haberse impulsado en un plazo de tres meses desde su entrada en vigor. Este ha sido el resultado de la reunión que ha mantenido esta tarde el ministro Pablo Bustinduy con representantes de varias organizaciones en defensa de los grandes simios (Instituto Jane Goodall España, Fundació MONA, Fundación Rainfer, AAP Primadomus, Proyecto Gran Simio y Fundación Animal Guardians). Acudieron también representantes de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), así como el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, y la jefa de gabinete del ministro de Derechos Sociales, Nagua Alba Goveli.

La Ley de Grandes Simios, ya bautizada como «Ley Jane Goodall«, busca «proteger, entre otras cuestiones, la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de grandes simios», según ha señalado el Ministerio de Derechos Sociales.

El Ministerio también apunta que «entre los objetivos que recoge el borrador se encuentra erradicar el tráfico ilegal de estas especies, establecer la prohibición expresa de tenencia, experimentación o investigación cuando ello pueda producirles daño o sufrimiento, la prohibición de su utilización con fines comerciales y espectáculos que menoscaben su dignidad, así como establecer unas condiciones rigurosas para su custodia, en todo caso con propósito de conservación. Igualmente, la intención es restringir su tenencia y cría en cautividad en parques zoológicos«.

Las organizaciones en defensa de los grades simios han remitido al ministro una solicitud para la constitución de un grupo de trabajo técnico, integrado por juristas expertos en derecho animal, primatólogos y profesionales del bienestar animal para colaborar en el desarrollo de la ley. También han pedido que este grupo de trabajo presente un borrador técnico y consensuado antes del 31 de diciembre, listo para su tramitación.

Previamente a la reunión, estas entidades acordaron las peticiones que iban a dirigir conjuntamente al ministro de Derechos Sociales, con el objetivo de fortalecer y dar coherencia técnica al anteproyecto legislativo.

La reunión, fijada a las 10:30 horas de este lunes, fue trasladada a las 16:00. En ella, las entidades han entregado al ministro una serie de requisitos mínimos que la futura ley debería incorporar para cumplir con los compromisos científicos, éticos y legales que previamente consensuaron.

Este consenso se suma a una carta dirigida al ministro a la que se han adherido más de 150 organizaciones y a una petición pública que acumula más de 72500 firmas.

«Desde Fundación Rainfer trabajamos cada día con grandes simios rescatados. Sabemos de primera mano lo que necesitan para tener una vida digna. Esta ley no puede construirse sin escuchar a quienes los cuidamos», ha afirmado Marta Bustelo, directora de la Fundación Rainfer.

«Pedimos una ley basada en la ciencia, que reconozca la complejidad emocional y cognitiva de estos seres. No es solo protección, es un deber moral«, ha señalado Olga Felíu, directora de Fundació MONA.

«El legado de Jane Goodall nos interpela: proteger a los grandes simios es una deuda histórica con nuestros parientes evolutivos más cercanos. Esta ley debe ser un paso firme en esa dirección», ha añadido Laia Dotras, directora adjunta del Instituto Jane Goodall en España.

«Llevamos décadas reclamando este avance. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Esta ley debe prohibir su explotación, garantizar sus derechos básicos y poner fin al uso comercial de grandes simios en España», ha concluido Pedro Pozas, director ejecutivo del Proyecto Gran Simio.

«Es fundamental que esta ley no solo se apruebe, sino que lo haga con un contenido sólido y riguroso. Nuestro compromiso es aportar toda la experiencia acumulada para que España lidere esta normativa a nivel mundial«, ha declarado Marta Esteban Miñano, portavoz de Fundación Animal Guardians.

Las entidades valoran positivamente el encuentro

Las organizaciones en defensa de los grandes simios piden que se constituya lo antes posible el grupo de trabajo técnico para consensuar la futura Ley de Grandes Simios.

Marisa Mariñán, coordinadora de programas del Instituto Jane Goodall, expresó al ministro «la enorme emoción» que les producía el encuentro, tras 30 años de trabajo, por presentarse las organizaciones «unidas en la defensa de una ley histórica que salde una deuda moral con nuestros parientes evolutivos más cercanos, los grandes simios».

José Ramón Becerra justificó el retraso de la ley por la acumulación de trabajo con otros cuatro decretos, y señaló que ya se estaba preparando un borrador basado en una propuesta remitida en 2024 por la organización INTERCIDS. Pero el director general evitó comprometerse cuando las entidades presentes pidieron que conformase formalmente el grupo de trabajo para codiseñar el borrador, alegando motivos de método y eficacia.

Esta negativa generó malestar en los asistentes pero Bustinduy intervino para proponer la convocatoria de una próxima reunión para presentar el primer borrador a las organizaciones. Estas valoran esta acción como señal de voluntad política.

El ministro también reconoció la dificultad de sacar adelante una ley como esta, que requerirá trabajo pedagógico y apoyo político, a lo que Marta Esteban Miñano respondió: «Si no se vuelve a retrasar la publicación del borrador y el texto se consensua con las organizaciones, nosotras nos comprometemos a realizar un trabajo de información en redes, medios y partidos, para ayudar en todo lo posible a que esta ley se convierta en una realidad».

Al final del encuentro, la Fundación Animal Guardians y el Proyecto Gran Simio entregaron al ministro un borrador alternativo, no consensuado con las demás entidades por falta de tiempo. Bustinduy propuso a José Ramón Becerra que fuera considerado para la redacción del texto inicial que después deberá ser evaluado por las demás organizaciones.

Medias mínimas

Las organizaciones presentaron al ministro un listado común de medidas mínimas que debe incluir la ley, como:

• El fin de la cría en cautividad, salvo cuando se trate de animales que puedan ser devueltos a su hábitat natural.
• La prohibición del uso comercial o en espectáculos de estos animales
• La prohibición del mascotismo y la tenencia por particulares.
• La garantía de no separación de los grupos sociales, debido a los profundos vínculos que crean entre ellos.
• La prohibición de separar a madres y crías, salvo cuando esté en riesgo la supervivencia de estas últimas.
• Instalaciones perfectamente adecuadas a las necesidades de cada especie.
• Una dotación de recursos suficiente para los centros de rescate que albergan animales decomisados de titularidad estatal, y que actualmente lo hacen con enormes dificultades.

Valoraciones

«Desde la Fundación Rainfer estamos satisfechos con esta primera toma de contacto para la creación de una ley de grandes simios en España. Nos gustaría recalcar tanto el compromiso adquirido de trabajar en conjunto por parte de todos como el reconocimiento a los centros de rescate y a su amplia experiencia en el cuidado y protección de estos primates como uno de los actores principales necesarios para el desarrollo de esta ley», apunta Marta Bustelo, directora del centro de rescate Fundación Rainfer.

Olga Felíu, directora general de la Fundació Mona, añade que «los centros de rescate españoles, Fundación Mona, Rainfer y APP-Primadomus, agradecemos la reactivación de la redacción de una ley destinada a proteger a los grandes simios, y muy especialmente, la invitación a participar en este proceso. Estamos contentos de que por primera vez se haya reunido a todas las partes implicadas en la protección de los grandes simios».

También señala que estos centros «podemos ofrecer una visión realista y basada en la experiencia directa sobre la situación actual de los grandes simios en nuestro país con más de 25 años dedicados a su rescate, rehabilitación y cuidado. Disponemos de un conocimiento técnico y operativo que resulta indispensable para asegurar que la futura normativa sea eficaz, coherente y ajustada a la realidad».

El director general del Instituto Jane Goodall España, Federico Bogdanowicz, destaca que «la Dra. Jane Goodall nos enseñó que no somos tan diferentes de los otros animales, menos aún de las grandes simios, y que el dolor, la alegría y la empatía son parte de ese patrimonio común».

«Una parte del legado de Jane Goodall es luchar incansablemente por la muy necesaria protección de los grandes simios y su hábitat, así como de lograr su mayor grado de bienestar para los que viven en cautividad. Pero su legado es también el seguir inspirando a personas y entidades diferentes a trabajar juntas con buena voluntad para crear una ley integral que vele por los intereses de nuestros parientes evolutivos más cercanos. Invitamos a todos los actores sociales y políticos a apoyar el desarrollo, la aprobación y la reglamentación de una ley pionera, que honre los valores de nuestra especie y la memoria de Jane Goodall».

Desde INTERCIDS, Conny Duarte expresa que «estamos felices de que la propuesta legislativa que enviamos en 2024 -elaborada por expertos en legislación y en grandes simios- esté dando frutos para estar más cerca de una Ley de Grandes Simios».

Para Marisa Mariñán, de Animal Ethics, «la ley no solo tiene una función preventiva, sino también educativa, y el UPF Center for Animal Ethics pondrá todos sus recursos, el trabajo de sus juristas y sus medios de difusión para lograr que España tenga al fin la Ley de Grandes Simios que estamos moral y legalmente obligados a tener».

Pedro Pozas indica que «desde el Proyecto Gran Simio valoramos muy positivamente la reunión mantenida esta tarde con el ministro y el director general. Ha sido un encuentro importante, en el que se han adquirido compromisos relevantes por parte del Ministerio, especialmente en relación con la creación de un grupo de trabajo que permita avanzar de forma conjunta en la elaboración de una ley específica para los grades simios».

«Existe consenso entre las organizaciones presentes para que dicha ley lleve el nombre de Jane Goodall, y se ha evidenciado un alto grado de acuerdo en los puntos esenciales por parte de las distintas entidades que trabajamos por la protección de los animales», agrega.

Pozas define este como «un paso importante, una señal positiva de voluntad política, y esperamos que esta energía y compromiso se mantengan en el tiempo. Es urgente y necesario avanzar hacia una legislación que reconozca los derechos básicos de nuestros hermanos homínidos no humanos, quienes desde hace demasiado tiempo esperan el reconocimiento y la protección que merecen».

Marta Esteban expresa palabras de agradecimiento grupal ministro por la reunión y «por mostrar una actitud constructiva y colaboradora», y concluye que «hemos presentado nuestras dos propuestas clave y confiamos en que el grupo de trabajo se configure lo antes posible, para avanzar hacia un borrador consensuado entre todas las organizaciones implicadas»

Si se cumple el objetivo marcado para antes del 31 de diciembre «y el borrador refleja el consenso alcanzado, contará con todo nuestro apoyo para impulsar la ley. Pero también estaremos muy atentos para que los compromisos adquiridos no se diluyan y se cumplan en tiempo y forma«.