Últimas horas para participar en la consulta pública para proteger a los perros usados para la caza

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Estos canes podrían quedar bajo regulación ganadera y perderían su protección como animales de familia

La consulta pública abierta por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sobre el nuevo Real Decreto que regulará los denominados «núcleos zoológicos tradicionales» finaliza este miércoles, 11 de febrero. La participación ciudadana es fundamental para evitar un nuevo ataque normativo contra los perros utilizados para la caza. Esto los dejaría aún más desprotegidos dentro de una normativa de sanidad ganadera.

Pese a no ser animales criados para la producción de alimentos, con este nuevo Real Decreto podrían quedar bajo regulación ganadera, y no como animales considerados de compañía. Con ello, perderían la protección que esta última catalogación les genera, tras haberse visto excluidos de la Ley de Bienestar Animal en 2023. A ello se suma también su posible exclusión del Real Decreto de Ordenación de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El proyecto, además, abriría la puerta a una mayor inseguridad jurídica e interpretaciones diferentes en función de cada comunidad autónoma.

Modelo

La organización AnimaNaturalis ha propuesto un modelo de carta para participar en la consulta pública, que puedes enviar a través de su página web. La campaña Mismos Perros, Mismos Derechos también ha propuesto un modelo. Otra opción es mandar directamente tus aportaciones a bzn-nnzzt@mapa.es, incluyendo nombre, apellidos, DNI, localidad, fecha y firma.

Las organizaciones en defensa de los animales lo tienen claro: los perros usados para la caza deben estar incluidos en el futuro Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía y no pasar a formar parte de la regulación ganadera.

La consulta pública previa es el primer paso para la elaboración de una norma. En este momento, la ciudadanía puede expresar su opinión antes de la redacción del texto final. Después, el Ministerio se encarga de analizar las aportaciones ciudadanas. En una siguiente fase de información pública, podrán presentarse alegaciones al borrador.

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