Denuncian a altos cargos de la Generalitat tras haber aprobado el uso de fosfuro de aluminio para acabar con los conejos

Las sueltas de estos animales procedentes de granjas cinegéticas y la autorización de la caza de sus depredadores habrían propiciado el aumento de su población

Pacma, la asociación Lex Ànima y la Fundación Altarriba han interpuesto una denuncia ante la Fiscalía por prevaricación, malversación y un presunto delito medioambiental contra la consejera Teresa Jordá y la directora del Departamento de Acción Climática de la Generalitat de Cataluña, Anna Sanitjas, tras haber aprobado el envenenamiento de conejos con fosfuro de aluminio.

Las entidades denunciantes señalan que se han desviado casi dos millones de euros de fondos públicos al sector cinegético «para controlar supuestas plagas de conejos que habrían sido provocadas por las sueltas provenientes de granjas cinegéticas que previamente habrían autorizado», tal como señalan.

Así, Jordá y Sanitjas habrían permitido la suelta de más de 15000 animales, de los cuales 12000 serían conejos, por toda Cataluña desde el 2021. También habrían autorizado, a su vez, la caza de unos 20000 zorros, con la consecuencia de una disminución de la población de estos depredadores que habría facilitado el aumento de los conejos. Según indican los denunciantes, esta situación «habría derivado en la actual supuesta ‘sobrepoblación’ acusada por los agricultores que derivó en protestas como la del pasado 3 de marzo».

Además, recuerdan que el veneno autorizado por la Generalitat, el fosfuro de aluminio, es una de las sustancias más tóxicas que se conocen y ha sido el presunto responsable de la muerte de una madre y su hijo el mes pasado en Segovia.

Su aplicación para eliminar a los conejos puede también afectar a otros animales, como reptiles, anfibios, aves o mamíferos, por lo que las dos altos cargos de la Generalitat también han sido denunciadas por un posible delito contra el medio ambiente.

Según los denunciantes, la Generalitat no contaría con los permisos del Ministerio de Agricultura para autorizar este veneno, e igualmente lo ha hecho. También señalan que la empresa a la que se ha encomendado su aplicación en las madrigueras pertenece a un agricultor vinculado con el sector cinegético en Lleida y se dedica a la venta de cereales al por mayor. Además, no se ha publicado ninguna licitación en el portal de contratación de la Generalitat, y desde Lex Ànima, sostienen que todo ello es «un manifiesto cúmulo de presuntas ilegalidades, constatándose la utilización fraudulenta de fondos públicos para verter veneno a muchos kilómetros de distancia de donde se hallan los presuntos campos de cultivo que deben protegerse de los conejos».

Por otro lado, denuncian que se ha vetado la entrada a abogados, veterinarios y científicos en las Mesas de Gestión del Medio Ambiente del Territorio Catalán, a las que únicamente se permite «la asistencia de asociaciones del sector cinegético relacionadas con asociaciones agrícolas». Los denunciantes consideran que en estas mesas se cataloga a los animales como «plagas» en función de los intereses cinegéticos y «sin base científica o legal alguna», para «justificar pagos de importantes sumas de dinero público y otros beneficios para el sector cinegético».

Finalmente, alertan de que la Generalitat continúa concediendo y renovando permisos para las granjas de cría de animales considerados cinegéticos.

Por todo ello, consideran que «las decisiones tomadas han provocado una alteración del ecosistema, dañando el patrimonio natural e incidiendo directamente en el incremento de la población de conejos en algunas áreas».

Fuente: Pacma.