El sector cinegético se posiciona como «sostenible» e «indispensable», a pesar del desequilibrio entre especies, la contaminación y otros problemas asociados a la caza

El PP y Vox han firmado el «Compromiso Político con la Actividad Cinegética 2023/27» propuesto por la Real Federación Española de Caza, que tiene el objetivo de fomentar dicha actividad y eliminar las posibles trabas administrativas a las que se enfrentan los cazadores.

Según el colectivo, en España existe lo que consideran una «violencia animalista» contra la caza. Por ello, pretenden crear un «Observatorio de la Violencia Animalista», con la pretensión de que la única una imagen que se difunda de la actividad cinegética sea la que más le favorezca, lo que podría poner en peligro la seguridad de numerosos activistas que se dedican a mostrar la realidad de esta actividad. Esto último, según los cazadores, son «conductas o juicios de valor que perjudican su imagen en la sociedad».

En España, el 85% del territorio es un coto de caza. Sin embargo, las licencias no dejan de disminuir, como reconoce la propia Federación de Caza. Entre 1990 y 2021, la caída fue del 53% y pasaron de ser 1’4 millones a 680000. Los cazadores son, mayoritariamente, hombres de edad avanzada y los más jóvenes no se sienten atraídos por la actividad. De ahí que otro de los puntos del compromiso sea promover la caza entre la juventud y las mujeres.

De hecho, en los últimos años, el colectivo se ha esforzado por inculcar la actividad cinegética a los niños y niñas en los colegios, a la vez que ha criticado la inclusión de los derechos de los animales en el programa educativo, algo que ven como «adoctrinamiento».

A medida que las licencias han caído, también lo han hecho algunas modalidades de caza. En este sentido, otro de los puntos propuestos por la Federación de Caza es la recuperación de la caza menor, la caza del lobo o el silvestrismo, incluso aunque ello contradiga la normativa europea. Además, los cazadores van más allá y piden que se permita cazar en los Parques Nacionales.

A pesar de que la actividad cinegética es cada vez menos practicada, la aprobación de la Ley de Bienestar Animal ha sido vista por los cazadores como una forma de «contentar a un sector animalista minoritario y radical». Así, el decálogo apoyado por el PP y Vox también pretende derogar la norma, aunque los perros usados por los cazadores fueron excluidos del texto. De igual manera, los cazadores quieren eliminar la reforma recientemente aprobada del Código Penal en materia de maltrato animal.

Además, el decálogo apunta a la creación de una licencia interautonómica válida para todo el territorio español.

Los cazadores también esperan tener voz y voto en las decisiones administrativas que afecten a la actividad cinegética. Además, piden que se reconozca la caza como «patrimonio cultural inmaterial«.

El sector de la caza se posiciona como «indispensable» y pretende que el futuro gobierno así lo considere. También se califica como «sostenible«, «beneficioso para la biodiversidad» y para «evitar accidentes de tráfico, daños a la agricultura o la ganadería, o la transmisión de enfermedades entre animales y zoonosis«.

Sin embargo, sectores como el ecologista llevan años desmintiendo estas afirmaciones, puesto que la caza contamina debido a los residuos como el plomo de las armas de los cazadores, supone un enorme desequilibrio entre especies y aumenta los accidentes de tráfico o la presencia de animales en cultivos. Tampoco ayuda a evitar la zoonosis, ante la mayor presencia de animales salvajes en entornos urbanos que la caza no ha solucionado y de hecho, ha agravado, pese a haberse posicionado como única solución; o ante la posibilidad de transmisión de enfermedades entre animales salvajes y humanos con el consumo de carne de caza, cuyo consumo pretende potenciar el sector cinegético en otro de los puntos de su decálogo.