El desarrollo de la agricultura y la ganadería ha estado vinculado, desde hace siglos, con la persecución hacia animales salvajes que se consideran «dañinos» para estas actividades, ya sea depredadores que atacan a los animales en granjas o herbívoros que se alimentan de los cultivos o construyen sus madrigueras en estos.

Podemos señalar que los gobiernos no se han tomado en serio la conservación o la protección de la naturaleza hasta hace pocas décadas, y todavía en la actualidad, con normativas sobre esta cuestión, siguen permitiéndose prácticas que sí son realmente dañinas para los animales y el medio en el que habitan. Al fin y al cabo, los intereses humanos siempre han ido primero.

Sin embargo, en un momento dado se pasó de la defensa de la agricultura y la ganadería frente a los animales salvajes a los que se consideraba una amenaza, a veces también para los humanos, a la defensa de la caza como negocio, que experimentó un auge en el siglo XIX. Esta ya no era solo una actividad recreativa para el entretenimiento de las clases altas, y mucho menos un método de supervivencia. Los cazadores se habían dado cuenta de que podían obtener importantes beneficios económicos por la venta de pieles, plumas o simplemente animales disecados que acabarían decorando un mueble en cualquier casa o expuestos en una pared como trofeo.

Ya entonces se recompensaba también económicamente la caza de lobos y zorros en España, bajo esa supuesta defensa de la ganadería y las personas. Poco a poco, empezó a premiarse también la caza de otras especies como tejones, gatos monteses, hurones o garduñas. A comienzos del siglo XX, se incluyó en la lista a aves rapaces y linces, cuya caza a día de hoy es furtivismo. En definitiva, molestaba cualquier carnívoro salvaje que pudiera arrebatar a los cazadores presas como conejos o perdices.

Alimañeros

En 1953, el régimen franquista creó las Juntas Provinciales de Extinción de Animales Dañinos y Protección de la Caza, o simplemente Juntas de Extinción de Alimañas, definidas por la investigadora Carolina Márquez como «el último gran impulso oficial a la persecución indiscriminada de depredadores«. En 1944, se había creado un junta similar en Cantabria, esta vez por iniciativa de los ganaderos vacunos, pero a partir de la disposición de 1953, se fueron constituyendo en diferentes provincias.

El objetivo de las juntas era organizar los planes de caza; suministrar venenos, trampas y otros medios a los cazadores (alimañeros) y recompensarlos por cada animal capturado. Entre sus víctimas se encontraban lobos, zorros, linces, jinetas, comadrejas, garduñas, gatos monteses, nutrias, tejones, turones, culebras, víboras, lagartos, búhos, buitres, águilas, cuervos, gavilanes, halcones, milanos o urracas. Para las aves, también se recompensaba la «caza» de sus huevos, que aparecen contabilizados en los documentos oficiales de capturas de la época por parte de los alimañeros.

Curiosamente, algunos de los animales víctimas de los alimañeros no suponían ningún peligro ni para la ganadería, ni para las personas ni para los cazadores, como las culebras o los lagartos.

Para la caza de estos animales, cualquier método estaba permitido, ya fueran cebos, batidas, venenos, cepos, lazos o cualquier otra trampa.

La recompensa económica varió en función del año, la provincia o el animal cazado. Para obtenerla, los alimañeros mostraban una parte del animal, como una oreja, el rabo o la piel. Esto motivó la existencia de fraudes: a veces una misma pieza era presentada en más de una ocasión para obtener el dinero, en una España rural sumida en la pobreza en la que hacerse alimañero podía suponer un respiro para algunas familias.

En 1956, se publicaron unas «Hojas divulgadoras» con titulares muy similares a los que hoy vemos en algunos medios de comunicación cuando se hace referencia a animales salvajes, envueltos en sensacionalismo. Así, estas hablaban de «alarmante multiplicación de lobos», catalogados como «plagas» o del acercamiento de estos a los pueblos. Eso sí, en ellas también se reconoce que algunos ataques de lobo son en realidad provocados por perros asilvestrados, algo que todavía siguen negando muchos ganaderos, aunque se sabe desde hace al menos 68 años si atendemos a la fecha de este documento.

Hubo muchas otras publicaciones de este tipo, en las que se hablaba de las diferentes especies de de los supuestos daños que ocasionaban.

Las Juntas de Extinción de Alimañas fueron desapareciendo en la década de 1960, y sus competencias pasaron a ser asumidas por las Comisiones Provinciales Delegadas de Asuntos Económicos, si bien su actividad duró hasta la década siguiente.

En 1970, se estableció una nueva Ley de Caza (la anterior era de 1902). Con esta norma, se eliminaron las recompensas económicas por matar animales salvajes, se incluyó el término de «especie protegida» y se señaló cuáles eran las consideradas cinegéticas, los métodos de caza permitidos o las épocas del año en que estaba permitido cazar.

Poco a poco, llegaban a nuestro país medidas de protección y conservación de especies que ya estaban implantadas en otros países, algo que culminó en los años 80 con la entrada de España en la Unión Europea. Por supuesto, estas medidas nunca han gustado a los cazadores.

Hoy el sector de la caza trata de dar una imagen de modernidad mientras todavía siguen apareciendo de vez en cuando representantes de organizaciones de cazadores en medios locales reivindicando la figura del alimañero y pidiendo su regreso, en alguna ocasión quejándose de los depredadores que se alimentan de conejos a la vez que señalan a estos de «plaga» por sobrepoblación.

Pero el impacto negativo de los alimañeros y la caza en general es innegable y es sencillo comprobarlo acudiendo a los documentos oficiales sobre las capturas de animales durante la existencia de las juntas. Por ejemplo, entre 1955 y 1959 se cazaron más de 200 lobos, incluyendo a crías, en las provincias de Cáceres o Granada, donde hoy la especie es inexistente.

FUENTES CONSULTADAS

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